(Publicado en Las Provincias 26/03/06)
Mientras esta semana el alto el fuego declarado por ETA ocupaba los periódicos en toda España, en nuestra Comunidad una reedición del Caso Naseiro, con variaciones, ocupaba las planas centrales de casi toda la prensa. Una vez más conversaciones grabadas demuestran que la corrupción, esta vez en Orihuela, ha alcanzado límites insoportables para una sociedad democrática decente.
Da arcadas leer el contenido de las grabaciones: reparto de comisiones millonarias por adjudicaciones de contratos de servicios, utilización del Plan General Urbanístico para hacerse rico sin pegar golpe y aprovechándose de la política para perpetrar pelotazos… Allí, en Orihuela, donde a Miguel Hernández se le murió Ramón Sijé. Si levantara la cabeza…Allí, que ya hubo un ex alcalde del PP condenado por apropiarse del dinero de unas monjitas. Qué han hecho los oriolanos para merecer esto. ¿Tan sólo votarle al PP? ¿Es suficiente para aguantar que los elegidos se corrompan sin límite a costa del Pueblo que les votó? Parece ser que no sólo es suficiente, sino que la cúpula del partido que gobierna el Ayuntamiento y la Comunidad, no tiene ninguna medida que tomar a pesar de estar más que advertida desde hace mucho tiempo de que las cosas en ese municipio, y en otros, no caminaban por el camino de la decencia. Se empieza callando, se sigue escondiendo y se acaba no controlando la corrupción. Ahí estamos.
El doblemente Presidente, del partido y del Consell, Francisco Camps, no tiene nada que decir. ¿Se comportarían del mismo modo, él y su partido, si estuvieran protagonizando la corrupción cargos de otro partido, del PSPV por ejemplo? Conteste Vd. Mismo.
Lo cierto es que estamos en el mismo punto al que llegamos en el Caso Naseiro. Las grabaciones ya han sido tildadas de ilegales, sólo que esta vez no lo ha hecho un tribunal, lo ha hecho el Conseller González Pons, que no es un tribunal, pero con frecuencia informa dictando sentencia. Al Conseller portavoz, y por ende al Presidente, no les preocupa el contenido, como no les ha preocupado el contenido del caso Fabra, les preocupan los aspectos jurídico legales del mensajero, no el mensaje. Si esa perspicacia la hubieran tenido ante el primer caso de corrupción, cortándolo y no permitiendo ni un comportamiento indecente más, ahora ni tendríamos tantos altos cargos acusados, ni imputados, ni incluso algún condenado. Pero no lo hicieron y ahora, cuando la corrupción estalla cada día con más virulencia, el control ya les resulta imposible, máxime cuando el aire huele en el PP a derrota. Cómo se va a recriminar ahora a alguien que caiga en la tentación, cuando lleva tiempo viendo que otros de más copete han campado por sus respetos, han manejado los instrumentos públicos de la política y las instituciones para enriquecerse, y todo sin que la dirección del partido lo impidiera, sin que el código ético se ejecutara y, lo que es peor, viendo como los actores de la corrupción acaban convirtiéndose en baluartes políticos del líder del Partido en la Comunidad. ¿Quién asesora a Camps? ¿Qué medios de comunicación sigue? ¿Tan sólo Canal 9? Así nos va. Canal 9 informa de una Comunidad que pertenece a otro planeta. Aquí no tenemos televisión pública, ha sido abducida por una nave en forma de gaviota. Pero eso no justifica que la corrupción haya llegado a la envergadura que presenta en esta Comunidad, tampoco que ni Camps ni el PP al que pertenecen muchos cargos acusados no tengan nada que decir.
Urge que Adela Pedrosa, Secretaria General del PP, coja un dossier de prensa, de esta semana, sobre la corrupción en Orihuela, se vaya a la Presidencia de la Generalitat, toque en la puerta y diga bien fuerte: ¿Hay alguien ahí dentro? Y si, por un casual, contesta el Presidente que le traiga a las Cortes a dar cuenta. La cosa no aguanta más.
Andrés Perelló
lunes, marzo 27, 2006
lunes, marzo 20, 2006
LA GRAN FALLA DEL PP
(Publicado en Las Provincias 19/03/06)
Si Valencia fuera París tendríamos el bateau mouche por el cauce del Turia y quizás la Tour Eiffel estaría por la Ciudad de las Ciencias, pero no tendríamos fallas ni mascletá. Claro que, si fuera así es posible que tuviéramos a los jóvenes, y a los no tan jóvenes, llenando las calles de protesta pidiendo una vivienda sin pelotazo, un trabajo digno, un quirófano sin espera insoportable, una plaza de residencia, un transporte público mas eficiente, una escuela sin barracones…Y pidiendo que se deje de despilfarrar el dinero de todos los que, por estar sujetos a nómina o a otros controles de Hacienda, no podemos defraudar con la facilidad con la que lo hacen los que no lo están. Pero como aquí tenemos mucha más paciencia, y el ruido más sonoro que solemos hacer es de nuestra querida traca, nos han cogido la medida y han concluido que se puede despilfarrar sin mesura el dinero público tan sólo con decirnos que eso es bueno para Valencia. No dicen si también lo es para los valencianos, aunque la experiencia de la última década indica que no sólo no es bueno, sino que nos ha hipotecado el futuro a algunos para que otros ostenten su nueva situación social y económica, cumpliendo con todos los ritos que definen al nuevo rico. En nuevos ricos debemos a estar a la cabeza de España, seguramente por eso somos también la Comunidad más endeudada. Y cómo ha sido eso. Muy sencillo: sobrecostes, facturas por obras no realizadas, gastos innecesarios, obras faraónicas sin control de ningún tipo, propaganda innecesaria o pagada sin que se haya realizado la campaña contratada y… nos faltaría papel en esta columna.
Cuando se han criticado esas conductas, la respuesta del PP y de los hombres de Camps es la misma que la que en su día dieron los hombres y las mujeres de Zaplana. Es una respuesta PP estándar: si me criticas estás contra el progreso de Valencia. ¡Anda! Y digo yo, ¿No puede Valencia progresar sin marrullerías y pagando por las cosas sólo lo que valen? Pues parece ser que en la doctrina del PP eso no es posible.
Por eso la Fiscalía del Tribunal del Cuentas denuncia que siendo ministro de Trabajo el ex Presidente Zaplana las campañas de publicidad se lanzaban a bolea, se pagaban a mansalva, y se adjudicaban al grupo de afines, entre ellos a la empresa de Miguel Ángel Rodríguez. La derecha ya no guarda ni las apariencias como hacía en tiempos de nuestros abuelos. Para ellos las mayorías absolutas son el reflejo de los vencedores frente a los vencidos, y por eso actúan después de ganar las elecciones como si se hubieran ganado una guerra, tomando el estado como un cuartel y el dinero público como un botín.
Las pruebas van saliendo sin que nadie pueda ya contener su envergadura. Zaplana se entrenó en nuestra Comunidad en todo lo referido a caprichos, propagandas, lujos e inversiones ruinosas con dinero público. Cuando llegó al ministerio contó con la ayuda inestimable de Gerardo Camps que, instruido en Madrid, fue investido por el President Camps como Conseller de Hacienda. ¡Con tantos que había aquí menos manirrotos! Así que a los valencianos no debe extrañarnos nada de lo que diga el Tribunal de Cuentas ni de lo que digan las fiscalías o los tribunales. Aunque a Adela Pedrosa le parezca que sólo se investiga a los suyos. Pero, si es que tenéis tantos cargos metidos en enredos, Adela. No querrás que vayan a declarar al Caso Fabra cuatro ministros y un Conseller del PSOE. Tienen que ir los supuestos implicado en el asunto. Los que han hecho de la política una gran falla y están convirtiendo nuestro dinero en las cenizas de una cremá incontrolada en cuya llamas se calientan unos pocos. La gran falla del PP.
Si Valencia fuera París tendríamos el bateau mouche por el cauce del Turia y quizás la Tour Eiffel estaría por la Ciudad de las Ciencias, pero no tendríamos fallas ni mascletá. Claro que, si fuera así es posible que tuviéramos a los jóvenes, y a los no tan jóvenes, llenando las calles de protesta pidiendo una vivienda sin pelotazo, un trabajo digno, un quirófano sin espera insoportable, una plaza de residencia, un transporte público mas eficiente, una escuela sin barracones…Y pidiendo que se deje de despilfarrar el dinero de todos los que, por estar sujetos a nómina o a otros controles de Hacienda, no podemos defraudar con la facilidad con la que lo hacen los que no lo están. Pero como aquí tenemos mucha más paciencia, y el ruido más sonoro que solemos hacer es de nuestra querida traca, nos han cogido la medida y han concluido que se puede despilfarrar sin mesura el dinero público tan sólo con decirnos que eso es bueno para Valencia. No dicen si también lo es para los valencianos, aunque la experiencia de la última década indica que no sólo no es bueno, sino que nos ha hipotecado el futuro a algunos para que otros ostenten su nueva situación social y económica, cumpliendo con todos los ritos que definen al nuevo rico. En nuevos ricos debemos a estar a la cabeza de España, seguramente por eso somos también la Comunidad más endeudada. Y cómo ha sido eso. Muy sencillo: sobrecostes, facturas por obras no realizadas, gastos innecesarios, obras faraónicas sin control de ningún tipo, propaganda innecesaria o pagada sin que se haya realizado la campaña contratada y… nos faltaría papel en esta columna.
Cuando se han criticado esas conductas, la respuesta del PP y de los hombres de Camps es la misma que la que en su día dieron los hombres y las mujeres de Zaplana. Es una respuesta PP estándar: si me criticas estás contra el progreso de Valencia. ¡Anda! Y digo yo, ¿No puede Valencia progresar sin marrullerías y pagando por las cosas sólo lo que valen? Pues parece ser que en la doctrina del PP eso no es posible.
Por eso la Fiscalía del Tribunal del Cuentas denuncia que siendo ministro de Trabajo el ex Presidente Zaplana las campañas de publicidad se lanzaban a bolea, se pagaban a mansalva, y se adjudicaban al grupo de afines, entre ellos a la empresa de Miguel Ángel Rodríguez. La derecha ya no guarda ni las apariencias como hacía en tiempos de nuestros abuelos. Para ellos las mayorías absolutas son el reflejo de los vencedores frente a los vencidos, y por eso actúan después de ganar las elecciones como si se hubieran ganado una guerra, tomando el estado como un cuartel y el dinero público como un botín.
Las pruebas van saliendo sin que nadie pueda ya contener su envergadura. Zaplana se entrenó en nuestra Comunidad en todo lo referido a caprichos, propagandas, lujos e inversiones ruinosas con dinero público. Cuando llegó al ministerio contó con la ayuda inestimable de Gerardo Camps que, instruido en Madrid, fue investido por el President Camps como Conseller de Hacienda. ¡Con tantos que había aquí menos manirrotos! Así que a los valencianos no debe extrañarnos nada de lo que diga el Tribunal de Cuentas ni de lo que digan las fiscalías o los tribunales. Aunque a Adela Pedrosa le parezca que sólo se investiga a los suyos. Pero, si es que tenéis tantos cargos metidos en enredos, Adela. No querrás que vayan a declarar al Caso Fabra cuatro ministros y un Conseller del PSOE. Tienen que ir los supuestos implicado en el asunto. Los que han hecho de la política una gran falla y están convirtiendo nuestro dinero en las cenizas de una cremá incontrolada en cuya llamas se calientan unos pocos. La gran falla del PP.
martes, marzo 14, 2006
X CONFERENCIA DE INTERGRUPOS PARLAMENTARIOS
PAZ Y LIBERTAD PARA EL PUEBLO SAHARAUI
La X Conferencia de los Intergrupos Parlamentarios "Paz y Libertad para el pueblo Saharaui", reunida en Toledo, que comprende a la totalidad de los grupos que en los parlamento, cortes y asambleas del Estado, en el Congreso de los Diputados y en el Senado trabajan por la justa causa saharaui y que agrupa al conjunto de partidos con representación parlamentaria, ha decido hacer pública la siguiente declaración:
Desde la pasada Conferencia celebrada en Palma de Mallorca en la que se acordó el denominado Pacto interparlamentario para la descolonización del Sahara Occidental, son muchos los acontecimientos que han sucedido en torno al conflicto que viene sufriendo el pueblo del Sahara Occidental. Entre estos acontecimientos podemos destacar el nombramiento del embajador Peter Van Valsum como enviado personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, la liberación de los últimos prisioneros de guerra marroquíes, que obraban en poder del Frente POLISARIO, el establecimiento o reanudación de relaciones diplomáticas entre la RASD y Sudáfrica, Tanzania y Ecuador o el reconocimiento de la República Saharaui por parte de Kenia y Uruguay.
Durante este período, podemos constatar el incremento de las actividades parlamentarias en torno a la cuestión del Sáhara Occidental en nuestros respectivos ámbitos de trabajo. Igualmente hemos tenido ocasión de participar en múltiples actividades de solidaridad y cooperación, promovidas tanto por las instituciones como por el movimiento ciudadano de solidaridad con la causa saharaui, entre las que caben destacar las realizadas en torno al 30 aniversario de los llamados acuerdos tripartitos en noviembre pasado o los actos recientemente celebrados, en torno al trigésimo aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática en los que, entre otros muchos, el Frente POLISARIO procedió a destruir una gran parte de su arsenal de minas antipersona.
Sin embargo todos estos acontecimientos, sin duda de gran importancia, han quedado ensombrecidos por los hechos que desde finales de mayo vienen sucediéndose en el territorio del Sáhara Occidental que actualmente ocupa el Reino de Marruecos. Tal y como han podido comprobar los escasos medios de comunicación y agencias humanitarias que han logrado acceder a la zona, desde la citada fecha y de forma cotidiana, la ciudadanía saharaui intenta manifestar públicamente y de manera pacífica su rechazo a la ocupación marroquí del territorio. Estas manifestaciones son sistemáticamente reprimidas por las fuerzas policiales y militares de ocupación marroquíes con métodos represivos inadmisibles, y que según han denunciado organizaciones tanto internacionales (OMCT, AI) como locales –marroquíes y saharauis– violan los derechos fundamentales de las personas.
Aunque las personas heridas, detenidas o encarceladas, juzgadas sin garantías o que han recibido amenazas sobre su integridad física, su trabajo o su familia son incontables, no menos numerosas han sido las acciones de protesta y solidaridad realizadas desde dentro y fuera de los territorios, desde acciones judiciales a huelgas de hambre de los presos saharauis. Ni estas acciones, ni siquiera las numerosas delegaciones parlamentarias que han intentado sin éxito visitar las ciudades ocupadas para ver, in situ, la situación de los derechos humanos e interpelar al gobierno marroquí, han podido evitar la trágica muerte del joven Lembarki Hamdi tras haber sido detenido por la policía marroquí.
A todo ello hay que añadir la difícil situación por la que atraviesan las personas refugiadas en los campamentos de refugiados saharauis en la zona de Tindouf (Argelia) y en los territorios liberados, debido a la escasez y precariedad que han provocado las recientes inundaciones y la falta de cumplimiento de las obligaciones y compromisos contraídos por las agencias internacionales encargadas de proporcionar la ayuda humanitaria.
A la vista de todo lo anterior queremos declarar lo siguiente:
REAFIRMAMOS que, de acuerdo al derecho internacional, el conflicto del que es víctima el Pueblo Saharaui es, esencialmente, un proceso de DESCOLONIZACIÓN inconcluso, cuya responsabilidad histórica, política y ética corresponde fundamentalmente al Estado Español en cuanto potencia colonial que fue del Sáhara Occidental hasta 1976. Es por ello, que la solución pasa por la aplicación del derecho de AUTODETERMINACIÓN mediante la celebración del referéndum que legítimamente le corresponde al Pueblo Saharaui.
REITERAMOS nuestra solidaridad con el conjunto del Pueblo Saharaui, la víctima de este conflicto.
EXPRESAMOS nuestro apoyo y solidaridad especialmente para con quienes, en las zonas ocupadas por el Reino de Marruecos, arriesgan cotidianamente su vida y libertad, para ejercer pacíficamente sus legítimos derechos de reunión y de libre expresión.
DENUNCIAMOS las reiteradas violaciones de los derechos humanos y las libertades elementales que las autoridades marroquíes vienen practicando en la represión de estos actos de protesta, en particular, el ejercicio desproporcionado de la violencia contra ciudadanos saharauis de toda condición, las detenciones arbitrarias, las amenazas y malos tratos físicos y psíquicos a las personas detenidas y encarceladas, los juicios sin garantías y las deplorables condiciones de vida de las personas presas. En este sentido, exigimos la liberación de todos los presos políticos, sin excepción.
CONSIDERAMOS imprescindible que Marruecos no impida el libre acceso a los territorios ocupados del Sahara Occidental de observadores independientes, de los representantes institucionales de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y la prensa internacional. Lamentamos, en este sentido, la expulsión de varias delegaciones del Estado Español y otros países europeos.
FELICITAMOS al Frente POLISARIO por los esfuerzos realizados para llegar a una solución justa y definitiva del conflicto y, muy particularmente, por la liberación de los presos de guerra marroquíes que quedaban en su poder y por la destrucción de un importante arsenal de minas antipersona.
APELAMOS a los Organismos Internacionales, en particular a la ONU, pero también a la UNIÓN EUROPEA, a que den los pasos necesarios para que, sin mayor tardanza, se haga cumplir el derecho internacional y se ponga fin al injusto sufrimiento del que es víctima el Pueblo Saharaui desde hace más de 30 años.
PLANTEAMOS la exigencia de que la Unión Europea y Naciones Unidas, redoblen sus esfuerzos para la no explotación y sí la conservación, de todos los recursos naturales, fundamentalmente los energéticos y pesqueros del Sahara Occidental, hasta que se culmine el proceso de descolonización.
RECORDAMOS, igualmente la obligación que tienen los organismos internacionales de atender a las personas refugiadas para que mantengan unas condiciones de vida dignas y hacemos un llamamiento especial en este sentido a ACNUR, al PMA, y a la oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO).
INSTAMOS al Gobierno a que, asumiendo las responsabilidades históricas que corresponden al Estado Español en el conflicto, impulse en mayor medida cuantas acciones políticas y diplomáticas permitan de forma rápida al pueblo saharaui ejercer el derecho de libre autodeterminación, vía referéndum.
SOLICITAMOS firmemente del Gobierno Español que incremente las acciones de orden político, diplomático o económico hacia Marruecos para asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los habitantes del antiguo territorio del Sáhara Español que ahora ocupa.
INSTAMOS asimismo, a los Parlamentos y Gobiernos de las Comunidades Autónomas a que, impulsen acciones políticas, sociales e institucionales en demanda del ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y del respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados, por parte de las autoridades, gobierno y ejército marroquíes.
REITERAMOS nuestra abierta disposición a colaborar desde el consenso y la cooperación a los esfuerzos que el Gobierno realice para contribuir de manera eficaz a la solución justa y definitiva del conflicto del Sáhara Occidental, así como a seguir apoyando, desde nuestras instituciones, al conjunto de organizaciones que trabajan en los ámbitos de la solidaridad y la cooperación con el Pueblo Saharaui
FINALMENTE la conferencia acuerda trasladar la petición, a los Parlamentos, Cortes y Asambleas Autonómicas, a que contribuyan en la construcción de la nueva sede que albergará al Parlamento Saharaui.
La X Conferencia, a través de la Permanente de la Coordinadora de los Intergrupos, enviará a todas las Instituciones y Organismos necesarios los acuerdos de la misma.
En Toledo a 11 de marzo del 2006
La X Conferencia de los Intergrupos Parlamentarios "Paz y Libertad para el pueblo Saharaui", reunida en Toledo, que comprende a la totalidad de los grupos que en los parlamento, cortes y asambleas del Estado, en el Congreso de los Diputados y en el Senado trabajan por la justa causa saharaui y que agrupa al conjunto de partidos con representación parlamentaria, ha decido hacer pública la siguiente declaración:
Desde la pasada Conferencia celebrada en Palma de Mallorca en la que se acordó el denominado Pacto interparlamentario para la descolonización del Sahara Occidental, son muchos los acontecimientos que han sucedido en torno al conflicto que viene sufriendo el pueblo del Sahara Occidental. Entre estos acontecimientos podemos destacar el nombramiento del embajador Peter Van Valsum como enviado personal del Secretario General de la ONU para el Sáhara Occidental, la liberación de los últimos prisioneros de guerra marroquíes, que obraban en poder del Frente POLISARIO, el establecimiento o reanudación de relaciones diplomáticas entre la RASD y Sudáfrica, Tanzania y Ecuador o el reconocimiento de la República Saharaui por parte de Kenia y Uruguay.
Durante este período, podemos constatar el incremento de las actividades parlamentarias en torno a la cuestión del Sáhara Occidental en nuestros respectivos ámbitos de trabajo. Igualmente hemos tenido ocasión de participar en múltiples actividades de solidaridad y cooperación, promovidas tanto por las instituciones como por el movimiento ciudadano de solidaridad con la causa saharaui, entre las que caben destacar las realizadas en torno al 30 aniversario de los llamados acuerdos tripartitos en noviembre pasado o los actos recientemente celebrados, en torno al trigésimo aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática en los que, entre otros muchos, el Frente POLISARIO procedió a destruir una gran parte de su arsenal de minas antipersona.
Sin embargo todos estos acontecimientos, sin duda de gran importancia, han quedado ensombrecidos por los hechos que desde finales de mayo vienen sucediéndose en el territorio del Sáhara Occidental que actualmente ocupa el Reino de Marruecos. Tal y como han podido comprobar los escasos medios de comunicación y agencias humanitarias que han logrado acceder a la zona, desde la citada fecha y de forma cotidiana, la ciudadanía saharaui intenta manifestar públicamente y de manera pacífica su rechazo a la ocupación marroquí del territorio. Estas manifestaciones son sistemáticamente reprimidas por las fuerzas policiales y militares de ocupación marroquíes con métodos represivos inadmisibles, y que según han denunciado organizaciones tanto internacionales (OMCT, AI) como locales –marroquíes y saharauis– violan los derechos fundamentales de las personas.
Aunque las personas heridas, detenidas o encarceladas, juzgadas sin garantías o que han recibido amenazas sobre su integridad física, su trabajo o su familia son incontables, no menos numerosas han sido las acciones de protesta y solidaridad realizadas desde dentro y fuera de los territorios, desde acciones judiciales a huelgas de hambre de los presos saharauis. Ni estas acciones, ni siquiera las numerosas delegaciones parlamentarias que han intentado sin éxito visitar las ciudades ocupadas para ver, in situ, la situación de los derechos humanos e interpelar al gobierno marroquí, han podido evitar la trágica muerte del joven Lembarki Hamdi tras haber sido detenido por la policía marroquí.
A todo ello hay que añadir la difícil situación por la que atraviesan las personas refugiadas en los campamentos de refugiados saharauis en la zona de Tindouf (Argelia) y en los territorios liberados, debido a la escasez y precariedad que han provocado las recientes inundaciones y la falta de cumplimiento de las obligaciones y compromisos contraídos por las agencias internacionales encargadas de proporcionar la ayuda humanitaria.
A la vista de todo lo anterior queremos declarar lo siguiente:
REAFIRMAMOS que, de acuerdo al derecho internacional, el conflicto del que es víctima el Pueblo Saharaui es, esencialmente, un proceso de DESCOLONIZACIÓN inconcluso, cuya responsabilidad histórica, política y ética corresponde fundamentalmente al Estado Español en cuanto potencia colonial que fue del Sáhara Occidental hasta 1976. Es por ello, que la solución pasa por la aplicación del derecho de AUTODETERMINACIÓN mediante la celebración del referéndum que legítimamente le corresponde al Pueblo Saharaui.
REITERAMOS nuestra solidaridad con el conjunto del Pueblo Saharaui, la víctima de este conflicto.
EXPRESAMOS nuestro apoyo y solidaridad especialmente para con quienes, en las zonas ocupadas por el Reino de Marruecos, arriesgan cotidianamente su vida y libertad, para ejercer pacíficamente sus legítimos derechos de reunión y de libre expresión.
DENUNCIAMOS las reiteradas violaciones de los derechos humanos y las libertades elementales que las autoridades marroquíes vienen practicando en la represión de estos actos de protesta, en particular, el ejercicio desproporcionado de la violencia contra ciudadanos saharauis de toda condición, las detenciones arbitrarias, las amenazas y malos tratos físicos y psíquicos a las personas detenidas y encarceladas, los juicios sin garantías y las deplorables condiciones de vida de las personas presas. En este sentido, exigimos la liberación de todos los presos políticos, sin excepción.
CONSIDERAMOS imprescindible que Marruecos no impida el libre acceso a los territorios ocupados del Sahara Occidental de observadores independientes, de los representantes institucionales de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y la prensa internacional. Lamentamos, en este sentido, la expulsión de varias delegaciones del Estado Español y otros países europeos.
FELICITAMOS al Frente POLISARIO por los esfuerzos realizados para llegar a una solución justa y definitiva del conflicto y, muy particularmente, por la liberación de los presos de guerra marroquíes que quedaban en su poder y por la destrucción de un importante arsenal de minas antipersona.
APELAMOS a los Organismos Internacionales, en particular a la ONU, pero también a la UNIÓN EUROPEA, a que den los pasos necesarios para que, sin mayor tardanza, se haga cumplir el derecho internacional y se ponga fin al injusto sufrimiento del que es víctima el Pueblo Saharaui desde hace más de 30 años.
PLANTEAMOS la exigencia de que la Unión Europea y Naciones Unidas, redoblen sus esfuerzos para la no explotación y sí la conservación, de todos los recursos naturales, fundamentalmente los energéticos y pesqueros del Sahara Occidental, hasta que se culmine el proceso de descolonización.
RECORDAMOS, igualmente la obligación que tienen los organismos internacionales de atender a las personas refugiadas para que mantengan unas condiciones de vida dignas y hacemos un llamamiento especial en este sentido a ACNUR, al PMA, y a la oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO).
INSTAMOS al Gobierno a que, asumiendo las responsabilidades históricas que corresponden al Estado Español en el conflicto, impulse en mayor medida cuantas acciones políticas y diplomáticas permitan de forma rápida al pueblo saharaui ejercer el derecho de libre autodeterminación, vía referéndum.
SOLICITAMOS firmemente del Gobierno Español que incremente las acciones de orden político, diplomático o económico hacia Marruecos para asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los habitantes del antiguo territorio del Sáhara Español que ahora ocupa.
INSTAMOS asimismo, a los Parlamentos y Gobiernos de las Comunidades Autónomas a que, impulsen acciones políticas, sociales e institucionales en demanda del ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y del respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados, por parte de las autoridades, gobierno y ejército marroquíes.
REITERAMOS nuestra abierta disposición a colaborar desde el consenso y la cooperación a los esfuerzos que el Gobierno realice para contribuir de manera eficaz a la solución justa y definitiva del conflicto del Sáhara Occidental, así como a seguir apoyando, desde nuestras instituciones, al conjunto de organizaciones que trabajan en los ámbitos de la solidaridad y la cooperación con el Pueblo Saharaui
FINALMENTE la conferencia acuerda trasladar la petición, a los Parlamentos, Cortes y Asambleas Autonómicas, a que contribuyan en la construcción de la nueva sede que albergará al Parlamento Saharaui.
La X Conferencia, a través de la Permanente de la Coordinadora de los Intergrupos, enviará a todas las Instituciones y Organismos necesarios los acuerdos de la misma.
En Toledo a 11 de marzo del 2006
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